Investigación inconclusa

La Unidad de Fiscalización del IFE no está obligada a rendir ningún informe ni a adelantar ningún avance de lo que ha venido desarrollando

Fernando Ortega Pizarro

La conclusión final de la investigación del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el supuesto rebase de topes de campaña del PRI no formará parte de los elementos valorativos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para determinar si la elección del 1º de julio fue limpia y equitativa.

Tanto la coalición Movimiento Progresista (PRD-PT-Movimiento Ciudadano) como el Partido Acción Nacional presentaron ante el IFE una serie de quejas por el rebase de topes del tricolor. Pero el instituto tiene hasta el 30 de enero de 2013 para presentar resultados.

O sea, el tribunal electoral no podrá contar con la información final del instituto, porque tiene hasta el próximo 31 de agosto para resolver el juicio de inconformidad interpuesto por la coalición que postuló a Andrés Manuel López Obrador, y hasta el 6 de septiembre para calificar la validez de los comicios que ganó Enrique Peña Nieto con 38.21% sobre el 31.59% de AMLO.

Por ese motivo, Movimiento Progresista presionó a los consejeros del IFE para que adelanten el estado de sus investigaciones.

El jefe de la Unidad de Fiscalización del IFE, Alfredo Cristalinas, informó que no está obligado a rendir ningún informe ni a adelantar ningún avance de lo que ha venido desarrollando como líneas de investigación. Tampoco puede decir lo que le ha informado el SAT y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni los requerimientos que ha hecho a la empresa Soriana y al PRI.

Sin embargo, el TEPJF dio instrucciones al órgano electoral para que en dos días y medio le entregue esa información, hasta donde la tenga. Esa investigación es indispensable para los fines de la izquierda de México de anular la elección.

La pregunta entonces es si revelarla de manera anticipada y parcial será suficiente, en virtud de que se trata de descifrar una compleja ingeniería financiera que supuestamente usó el PRI para ocultar el origen de los recursos (a través incluso de varios países), el monto y su aplicación.

Las quejas, que empezaron a presentarse desde el pasado 26 de abril, tienen que ver también con el gasto de campaña exagerado en propaganda, y la contratación de tiempos indebidos y menciones en radio y televisión del candidato presidencial del PRI, desde el 2006.

Para la izquierda, el tribunal electoral no puede calificar la elección ni declararla válida, pues hay evidencias de que el PRI compró votos y se financió de manera ilegal.

“Hay una violación evidente al principio de equidad, de legalidad y de transparencia”, sostiene la coalición Movimiento Progresista.

El tribunal electoral tiene la última palabra.

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