Discusión sobre las drogas

Miguel A. Rocha Valencia

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Abrirla de nueva cuenta, como quieren los defensores de la drogadicción, es atender intereses que parecen estar comprometidos en oscuros rincones criminales que sirvieron de refugio a delincuentes cuando ejercieron algún cargo público

El que el gobierno federal esté abierto a una discusión no implica que exista disponibilidad para acatar lo que algunas minorías “sospechosas” claman: legalizar el consumo y, con ello, la producción y tráfico de estupefacientes.

Frente a ello, el titular del Ejecutivo mexicano, Felipe Calderón Hinojosa, plantea que las drogas son la esclavitud moderna de la humanidad, por el sometimiento que hacen de las personas adictas y lo que son capaces de hacer en los seres por más “pensantes” que sean, incluyendo robar o matar.

El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, se manifestó en la misma idea y tras afirmar que la autoridad positiva está dispuesta a entrarle a la discusión y al análisis planteado por diversos personajes en torno a la legalización de las drogas, advirtió que las adicciones son un problema de salud y, agregaríamos, de seguridad nacional, dado que la delincuencia propicia la violencia de que está acompañada la producción, venta y consumo de estupefacientes.

Es un hecho que las voces que hablan de legalizar el consumo reclaman intrínsecamente lo mismo para la producción y comercialización de las drogas, como ya lo hizo el ex presidente Vicente Fox.

Esto debe mencionarse dada la omisión mostrada por el ex mandatario en el combate al crimen organizado e incluso la fuga del capo de las drogas más buscado en México y el mundo, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, aún prófugo. ¿Acaso él pactó?

Tampoco se debe olvidar que en los dos últimos años de su sexenio se registraron más de 25 mil asesinatos imputados al crimen organizado. El gobierno federal se quedó mudo.

Por las drogas han muerto muchos mexicanos notables, agentes de la ley y miles de a pie, metidos o no en el problema, inocentes, mujeres y niños, todos por igual, pero hay otro tanto que ha caído no sólo por las balas, sino por las adicciones, dejando secuelas de destrucción de hogares, homicidios y delitos patrimoniales violentos.

Abrir de nueva cuenta la discusión, como quieren los defensores de la drogadicción, es atender intereses que parecen estar comprometidos en oscuros rincones criminales que sirvieron de refugio a delincuentes cuando ejercieron algún cargo público, desde secretarios de gobiernos estatales, hasta procuradores de justicia y zares antidrogas.